Cuando el olvido se vuelve un derecho. Algunas ideas en torno al Reglamento Europeo de Protección de Datos

Georgina Guerrero Ron
Abogada
aguerreroron@gmail.com





En literatura, el olvido evoca tristeza, dolor, una actitud no querida. En ocasiones, un sentimiento que urge reciprocidad: “piérdete en ti, infinita,/en tu infinito ser,/ mar que se pierde en otro mar:/ olvídate y olvídame” (Octavio Paz, Olvido). Para Vicente Alexaindre "olvidar es morir" (El Olvido).
Pero el olvido es también, desde 2014, un derecho de los ciudadanos europeos. El Tribunal de Justicia reconoció entonces, el derecho de las personas de solicitar a un motor de búsqueda de internet que impida la difusión de información personal obtenida  mediante una consulta utilizando como palabras claves datos como su nombre y apellido (STJUE de 13.5.2014 asunto C-131/12).
El asunto tuvo su origen en la reclamación presentada por el sr. Costeja González ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) contra Google. En su reclamación solicitaba que se exigiese al buscador que ocultara o eliminara sus datos personales para impedir la inclusión en los resultados de búsqueda de ciertos enlaces del diario “La Vanguardia”. En estas url’s figuraba el anuncio de una subasta de inmuebles propiedad del sr. Costeja embargados por deudas a la seguridad social pero solucionado desde hacía varios años.
La AEPD estimó la reclamación instando al buscador a retirar los datos de su índice e imposibilitar su acceso. Google recurrió la resolución ante la Audiencia Nacional quien suspendió el procedimiento planteando cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia sobre una serie de cuestiones relacionadas con la Directiva 95/46/CE del parlamento europeo y del consejo de 24 de octubre de 1995 relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. Entre otras preguntas solicitó su opinión sobre si los derechos de supresión y oposición previstos en la Directiva (arts. 12.b. y 14.a.) comprenden que el interesado pueda dirigirse a los buscadores para impedir la indexación de la información referida a su persona, publicada en páginas web de terceros, amparándose en su voluntad de que la misma no sea conocida por los internautas cuando considere que puede perjudicarle o desea que sea olvidada, aunque se trate de una información publicada lícitamente por terceros.
El Tribunal de Justicia reconoció la posibilidad del ejercicio de los de los derechos de oposición y supresión ante los motores de búsqueda estableciendo unos parámetros generales: a) la prevalencia del derecho a la protección de datos sobre el mero interés económico del buscador (§ 81); b) la prevalencia en general de los derechos del titular de los datos sobre el interés de los internautas (§ 81); y c) los derechos del titular de los datos cederán en favor del interés del público en ciertos casos, considerando la naturaleza de la información y el papel que tenga aquel en la vida pública (§ 81 y 97).
A partir de entonces fueron los Tribunales de los Estados miembros quienes, interpretando su derecho interno con base en estos parámetros, perfilaron a través de la jurisprudencia el derecho al olvido.
Con la entrada en vigor del Reglamento Europeo de Protección de Datos (DOUE de 4.5.2016) el derecho al olvido se convierte en un derecho europeo de configuración legal recogido expresamente en el artículo 17 como “Derecho de supresión («el derecho al olvido»)”.  Tal disposición establece dos principios básicos: a) el derecho al olvido prevalecerá como regla general si concurre alguna de las circunstancias tasadas en el apartado 1; y b) esta regla  cede cuando el tratamiento de los datos es necesario para alguna de las causas previstas en el apartado 2. La fórmula elegida por el legislador comunitario asume en cierta manera los parámetros de la STJUE y la experiencia obtenida en su aplicación, conclusión sustentada en las siguientes premisas:
 Primera, porque adopta la regla general de prevalencia de los derechos del titular de los datos. No es baladí la amplitud del elenco de circunstancias que reconocen la preponderancia del derecho al olvido. Estas comprenden supuestos muy evidentes, por ejemplo, tratándose de datos que ya no son necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos (art. 17.1.a) o que éstos hayan sido tratados ilícitamente (art. 17.1.d). Pero también están reconocidas circunstancias que requieren su puesta en relación con otros derechos o intereses: cuando el interesado retire su consentimiento y este no se base en otro fundamento jurídico (art. 17.1.b); cuando los datos personales deban suprimirse para el cumplimiento de una obligación legal interna o comunitaria (art. 17.1.e); o cuando el interesado se oponga al tratamiento ex art. 21.1 del reglamento y no prevalezcan otros motivos legítimos para el tratamiento (art. 17.1.c).
Segunda, porque las excepciones, si bien ahora más detalladas, requieren el mismo ejercicio de valoración realizado al amparo de la sentencia de 2014 para dilucidar si el tratamiento de los datos es necesario o si por el contrario debe accederse a la supresión solicitada “sin dilación indebida”. Es el caso, entre otros, tratándose del ejercicio del derecho a la libertad de información (art. 17.2.b). Su prevalencia dependerá de las particularidades del caso como sería el tipo de noticia, el tiempo acaecido desde la publicación, si se trata de un personaje público, etc.
En conclusión, prevalece la configuración genérica del derecho al olvido que exige su concreción caso por caso. En otras palabras, continuará siendo el casuismo no sólo un método válido sino necesario e inevitable en la ponderación de los intereses en conflicto.
En tal ejercicio de ponderación no es infrecuente que ante asuntos aparentemente similares, se llegue a soluciones distintas. Esto, lejos de merecer alguna crítica. fortalece la idea del equilibrio de intereses. Por citar algún ejemplo, la Audiencia Nacional resolvió en un caso, tratándose de la difusión de un delito de homicidio en tentativa, la prevalencia del derecho al olvido del solicitante sobre los intereses de los cibernautas en acceder a dicha información considerando que habían transcurrido diez años desde la publicación inicial de la noticia (s. de 16.4.2015, nº 196/2015, rec. 17/2014). En cambio en otro, tratándose también de la difusión de un delito, esta vez de corrupción, consideró que la ciudadanía tenía interés real en conocer la información ofrecida por unos enlaces a pesar de haber transcurrido siete años desde su publicación, desestimado el derecho de supresión solicitado (s. de 5.6.2015, nº 267/2015, rec. 158/2012).
Resultan paradigmáticas en este sentido tres sentencias de la Audiencia Nacional sobre el derecho al olvido ejercido por profesionales de la medicina. La más antigua, reconoció el derecho al olvido de un oncólogo sobre unas noticias publicadas en periódicos digitales que hacían referencia a su cese en un hospital. Consideró la Sala el tiempo transcurrido desde la publicación inicial (2008) y por no tener el médico la consideración de personaje público (s. 9.6.2015, nº 263/2015, rec. 498/2011). La segunda, negó el derecho al olvido por considerar prevalente el interés público de los internautas en tener información sobre las experiencias y opiniones vertidas en un blog por anteriores pacientes de un médico. A juicio del Tribunal se trataba de un especialista en cirugía endoscópica de columna en activo teniendo los usuarios o potenciales pacientes el derecho a conocer su conducta profesional a pesar de las “expresiones hirientes” vertidas en el blog  (s. de 11.5.2017, rec. 30/2016). La más reciente, reconoció el derecho al olvido de un ginecólogo sobre unos hechos cometidos en 1998 y publicados en 1992 relativos a una condena por una falta de imprudencia por la muerte de una paciente. La ratio de la sentencia fue que el médico no tenía una relevancia pública ni constaba que tuviese especial notoriedad pública en su ámbito profesional (s. de 13.7.2017, rec. 4/2016).
El Abogado General en el asunto C-131/12 desaconsejó al Tribunal de Justicia cualquier declaración en el sentido de que los intereses en conflicto podrían equilibrarse de modo satisfactorio en cada situación concreta sobre una base casuística, advirtiendo el peligro de dejar la decisión en manos del proveedor de servicios del motor de búsqueda en Internet (§ 133 de sus conclusiones). A pesar de ello la sentencia de 13.5.2014 consideró que el equilibrio de intereses se respetará dependiendo de las circunstancias concretas de cada caso, con la regla general, eso sí, de la prevalencia de los derechos del titular de los datos con los matices que antes hemos advertidos. El Parlamento europeo ha optado por una fórmula similar. En consecuencia, el reconocimiento del derecho al olvido se resolverá caso por caso.
Bajo las pautas establecidas por el Reglamento, las autoridades de protección de datos y los tribunales de los Estados miembros cuentan con elementos suficientes para controlar las decisiones adoptadas por los motores de búsqueda garantizando el equilibrio de los intereses en conflicto sin temer a priori ningún peligro. Recae en todos estos actores la responsabilidad de evitar, parafraseando a Mario Benedetti (1995), que el olvido esté lleno de memoria.

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