México: con el mismo amor pero con más Estado


Por Ana Georgina Guerrero Ron
Abogada ICAM, especializada en Derecho Administrativo



“Entre los mexicanos hay mucho amor". Lo dijo una rescatista voluntaria pasados unos días del terremoto que conmovió a México. Nadie lo duda, entre los mexicanos hay mucho amor. Pero en materia de desastres, como en tantas otras, el amor no es suficiente.
Mexicanos, y no solo, se volcaron a las calles transcurridos apenas unos minutos del temblor en ayuda de los afectados. Nuevamente fuimos testigos de que perviven héroes urbanos y de que, a pesar de todo, la sociedad civil es generosa y entregada. Hay que estar orgullosos de ello.

Sin embargo, tal generosidad y entrega, no debería producir el efecto perverso de que la Administración se inhiba del cumplimiento de sus deberes. En otras palabras, que sea el ciudadano quien asuma los deberes del Gobierno. Declara Ismael, un “Topo”: “Las autoridades son desesperantes. No nos dejan trabajar bien” (EL PAIS 24-IX-2017). Ni Ismael ni nadie puede, ni debe, sustituir las labores del Estado.

La configuración de un adecuado sistema nacional de protección civil es responsabilidad del Gobierno y comprende actuaciones 1) preventivas, ante riesgos colectivos evitando que se produzcan o se reduzcan daños; 2) de planificación para afrontar situaciones de riesgo; 3) intervención operativa inmediata, y 4) medidas de recuperación para restablecer infraestructuras y servicios esenciales y paliar daños derivados de emergencias. Ante la importancia de tal sistema no solo es conveniente sino que es necesaria la participación ciudadana en algunas actuaciones, como los rescates, por ejemplo.

Pero la eficacia de un sistema de protección civil pasa por actuaciones exclusivas de la Administración pública cuyo ejercicio no depende de las bondades del Gobierno de turno sino por mandato legal y sirviendo con objetividad los intereses generales, actuaciones tales como inspección de edificios, verificación del análisis de riesgo en construcciones, comprobación de la eficacia de las alarmas sísmicas, contratación de seguros de riesgos para la cobertura de daños a que están obligadas la Administración pública federal y estatal. Resultan lamentables las recientes imágenes de los damnificados en espera de las ayudas aprobadas por el Gobierno de la Ciudad de México sin que se justifique en muchos casos el retraso en su entrega. La heroicidad civil en las acciones responsabilidad del Gobierno no tiene cabida.

Una posible causa de la confusión de funciones públicas y privadas es el entendimiento que hace la Ley General de Protección Civil (DOF 6-6-2012) de que las actuaciones en esta materia están basadas en un principio de corresponsabilidad entre sociedad y Gobierno. De aquí que el Sistema Nacional se encuentre integrado por actores tanto públicos y privados (voluntarios, organizaciones de la sociedad civil, representantes del sector privado y social, medios de comunicación, etc).

La corresponsabilidad sociedad civil-Gobierno solo puede entenderse mediante el empleo de fórmulas de colaboración basadas en una idea de solidaridad pero dentro de un Estado social que asegure la implementación de políticas adecuadas de protección civil.

Los ciudadanos, con mucho amor, podemos coadyuvar con las funciones de Gobierno y sentirnos orgullosos de ello. La Administración Pública, con amor o sin él, debe cumplir con sus deberes. Asegurémonos de que esto ocurra.

Comentarios

  1. Impecable. Claro, conciso y directo. Espero que los gobernantes lo tengan en consideración.

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  2. Totalmente de acuerdo: el amor es esencial en la vida y en la vida de un país, pero cuando hablamos de la acción pública, en protección civil o en cualquier ámbito, hace falta voluntad política, organización y recursos materialse que hagan posible y efectiva la acción pública.

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  3. Más claro ni el agua. 100% de acuerdo. El problema parece radicar en que al asumir cargos públicos, los funcionarios en México, pierden la conciencia y el amor por su país. No hablemos de que escapan a toda costa de cumplir con su deber en calidad de representantes del pueblo.

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